La Asociación Local de Ayuda al Toxicómano, con motivo del 1 de diciembre de 2009, Día Mundial del SIDA, señala que existen muchas personas enfermas, que viven en la calle o están en las prisiones, y que no reciben la atención que necesitan. Sufren VIH-SIDA con una dureza añadida a la de la enfermedad por estar en una situación de exclusión social, que se ve agravada en la actualidad por la magnitud de la crisis.
Según María del Carmen Donaire Román, presidenta de la Asociación, “El uso de jeringuillas compartidas sigue siendo la principal vía de transmisión en los casos de sida notificados cada año. Son personas que se encuentran en condiciones muy deterioradas y para las que, después de tantos años, siguen sin existir respuestas adecuadas a sus problemáticas”. El 37,1% de los casos de SIDA notificados en 2008 correspondió a usuarios de drogas por vía parenteral.
La Asociación también llama la atención sobre la situación de “más de 3.000 personas presas en las cárceles andaluzas que tienen VIH, el 18’6% del total de la población reclusa, y que reciben una atención sociosanitaria deficiente, sin que tampoco se garantice su acceso a una atención especializada en el exterior, además de producirse con demasiada frecuencia la pérdida de citas médicas”. ALAT señala que “Una de las consecuencias más dramáticas de esta situación es la de las personas presas con VIH-SIDA que mueren cada año en prisión, lejos de sus familias, o a los pocos días de ser excarceladas”. En el periodo 2004-2007 se produjeron 772 muertes en las prisiones españolas, de las que más del 15% fueron por VIH-SIDA (116).
La Asociación Local de Ayuda al Toxicómano afirma que las personas inmigrantes en situación ilegal con VIH-SIDA también viven una realidad extrema. “La situación de ilegalidad no sólo les impide el acceso con garantías a los servicios sociales o sanitarios, sino que las condena a vivir la enfermedad con el miedo a ser expulsadas del país si dan algún paso”. Hasta 1997, la proporción de casos de SIDA en personas extranjeras estuvo por debajo del 3%, creciendo desde entonces hasta alcanzar el 27’9% del total de casos en 2008.
ALAT también quiere sacar a la luz la vulnerabilidad de las mujeres afectadas en situación de exclusión social, en especial, las que ejercen la prostitución, que se encuentran especialmente desprotegidas. El 61’5% del total de casos de SIDA notificados en 2008 en mujeres se debió a relaciones sexuales no protegidas, seguida de los casos de usuarias de droga por vía parenteral (25’8%).
Según María del Carmen, “las asociaciones que trabajamos a pie de calle nos encontramos diariamente con estas realidades y la propia Administración ha reconocido en muchas ocasiones que llegamos a donde ella misma no lo hace. Sin embargo, cada vez destina menos recursos a esta labor, año tras año, se recortan las ayudas y tampoco se crean los dispositivos para asumir las intervenciones desde las instituciones públicas”. En los Presupuestos Andaluces de 2010 la cantidad destinada a las entidades colaboradoras (entre ellas, las asociaciones de drogodependencias) se reduce un 17’13% respecto a 2009.
Asimismo, ALAT muestra su preocupación por la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Salud Pública de Andalucía de sanciones a personas con VIH-SIDA si se produce la transmisión de la enfermedad. “Consideramos que ya existe regulación jurídica al respecto y que la inclusión de este tipo de normas de contenido sancionador en una normativa de carácter esencialmente sanitario, sólo sirve para incrementar la estigmatización y castigo social que ya sufren las personas con VIH-SIDA, en lugar de dedicar esfuerzos decididos a políticas efectivas de prevención e intervención con la población afectada”.
Ante esta situación, ALAT demanda que ninguna persona con VIH-SIDA se quede sin acceder a programas de tratamiento y apoyo, aumentando el número de recursos como las casas de acogida y creando recursos adecuados para las personas en circunstancias más problemáticas. Y, en particular, que se acabe con la discriminación en el acceso a la atención sociosanitaria de las personas presas con VIH-SIDA, con una mayor aplicación de las medidas alternativas a la privación de libertad y la puesta en marcha de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que prevé la integración de la sanidad penitenciaria en los sistemas públicos de salud de las Comunidades Autónomas.
Asimismo, solicita que se promuevan de forma decidida programas de reducción de daños y, en particular, la dispensación terapéutica de heroína y la creación de salas de consumo higiénico.
Considera esencial la inclusión de la perspectiva de género en las políticas, programas y recursos públicos, además de crear recursos específicos para abordar la problemática de las mujeres con VIH-SIDA en condiciones más desfavorecidas.
Y pide que se pongan en marcha las medidas necesarias para llegar a los grupos más vulnerables de inmigrantes que puedan tener barreras de acceso a los servicios y potenciar su tratamiento en los sistemas públicos de salud.
Finalmente, demanda que se incremente la inversión en políticas sociales y que se apoye desde la Administración la labor de las asociaciones que trabajan a pie de calle con las personas más excluidas socialmente.
Las actividades que vamos a llevar a cabo en la localidad se componen de mesas informativas en los distintos institutos y en el Centro de Salud.
Para más información:
Nuria Fuentes Gasca, 956 814 311.
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